Se veía venir, mientras múltiples portadas anunciaban más y más refuerzos para un club quebrado como Universitario y otras se engolosinaban con Fernando Meneses, el futbolista chileno escandalosamente contratado por Alianza Lima pese a no poder jugar la Copa Libertadores, pocos atendían a los problemas económicos del fútbol. Y a falta de horas para el inicio del Descentralizado 2012, el chupo ha reventado.
Cuando hace algunas semanas el Safap publicó la lista de clubes con deudas salariales al cabo de la temporada 2011, estaba visto que los clubes con deudas superiores a los 100 mil dólares tendrían problemas para cancelarlas antes del inicio del torneo. No tanto porque fueran montos de envergadura -suman poco más de 3.5 millones de dólares, que es lo que al Grupo Oviedo le costó una caldera para la producción de azúcar en la hacienda Pomalca-, sino porque tanto la pésima gestión operativa de sus dirigentes como, sobre todo, la falta de voluntad de cambio, de abandonar la cultura del «perro muerto», han sido y siguen siendo a todas luces visibles. Así, Universitario, Cienciano, Alianza Lima, Sport Boys y Cobresol, a los que se ha sumado José Gálvez (que no ha sido capaz de refinanciar 84 mil dólares, que es lo que cuesta un departamento usado de dos dormitorios en un distrito de clase media), acaban siendo incapaces de negociar sus deudas y por tanto, impiden que la temporada 2012 comience con los clubes en regla, como era el deseo de todo el sistema futbolístico para dejar atrás los entuertos del año pasado. Lo sorprendente es que al parecer la ‘U’ había llegado a un acuerdo preliminar con el Safap, pero la intransigencia de otros (Alianza Lima y Sport Boys a la cabeza) llevó a que una polémica cláusula de las bases del torneo 2012 acabe poniendo el torneo en riesgo.
El Safap, ante la comentada actitud déspota de algunos dirigentes, ha acabado teniendo que tomar una medida de fuerza y se van a una huelga que podría repetir la amarga experiencia de 2003. La gota que derramó el vaso esta vez fue el inciso c) del artículo 106° de las bases del Descentralizado 2012, aprobadas por unanimidad (votos de los 16 clubes) en la Asamblea de Delegados de la ADFP y refrendadas por la FPF. En ese acápite se señala que los clubes con deudas salariales mayores a 50 mil dólares tienen potestad de renego-ciarlas en dos años, cuando el Safap tiene establecido como límite un año.
Juicioso o no el plazo -nadie, por cierto, aceptaría así como así que le dijeran que le van a pagar en dos años lo que espera recibir en uno-, el tema constituye un abuso de parte por un hecho elemental: un deudor no está en condiciones de establecer unilateralmente en qué plazo va a pagar una deuda. Lo mínimo que está en deber de hacer es sentarse con el acreedor y negociar para llegar a un acuerdo común. Y si no hay acuerdo, corresponde a quien actúe como aval en el negocio -en este caso la FPF, ente superior a la ADFP y al Safap- poner a ambos entes a negociar.
Por lo último, resulta especialmente criticable en este caso la actitud de la FPF. Manuel Burga, quien para variar no ha tomado las riendas de la crisis y ha aplicado una actitud pilatesca, tiene toda la razón del mundo cuando dice que el ente rector no tiene por qué cubrir las deudas de algunos clubes ni acudir en su rescate económico; pero no puede soslayar que ha dejado colarse por la ventana un argumento normativo que da alas a los informales y que su posición, si bien es enfática en señalar que los deudores no deben jugar, no es del respaldo suficiente ni al Safap ni al combate contra la informalidad.
Los informales han conseguido hacer aparecer como los malos de la película o como culpables a los jugadores. Es ridículo y absurdo que haya quienes esgriman argumentos de la estofa de que el Safap es culpable de la crisis por avalar sueldos de «jugadores que no lo merecen». Acaso ¿No es el contratante (el club) el que ofrece pagar en un vínculo y el contratado el que acepta? Es un despropósito que se pretenda endosar a los futbolistas el que haya ofertas desproporcionadas a partir del comportamiento pasional de dirigentes que no se quitan la careta de hinchas y no entienden los principios básicos de la administración general.
En este sentido, la FPF se hace cómplice de la informalidad y su lavada de manos deja un tufillo peligroso a jugarreta política: criticar por un lado a los deudores pero dejarles un resquicio legal para voltear la torta y presentar, con la complicidad del periodismo opuesto a todo lo que implique modernización y formalización -porque amenaza su status quo parasitario-, a los futbolistas como culpables de una situación en la que son claras víctimas.
¿Quiénes son, entonces, los grandes culpables?
Está clarísimo: los dirigentes informales que siguen manejando sus clubes como chacras. Es cierto que no son los únicos responsables: ya se ha hablado del rol pasivo y cómplice de la FPF, de la irresponsabilidad de los propios clubes formales al suscribir unas bases -¿las habrán leído?- que los acaban perjudicando y también los propios jugadores tienen buena parte de culpa al haber, presiones de hinchada o subcontratos por lo bajo de por medio, aceptado en ocasiones firmar planillas sin haber cobrado, lo que ha reforzado el círculo vicioso. Pero está, nuevamente, clarísimo dónde comienza y termina este círculo: declaraciones desatinadas como la de la presidenta de Sport Boys, Karla Bozzo, cuando dice que a su club «no lo pueden obligar a pagar lo que no puede pagar», son dignas del peor Don Ramón escapándose del Señor Barriga al llegar el día de pago de la renta y reflejan por qué estamos cómo estamos.
